Ley de Educación Nacional

La educación es la base de una sociedad más justa

Nuestro país se prepara para celebrar el Bicentenario en el marco de un proceso de transformación social, económico, político y cultural. Atravesamos y estamos superando una de las crisis más profundas que hayamos vivido en nuestra historia y nos aprestamos para enfrentar los desafíos que la Argentina debe encarar para construir una sociedad capaz de crecer sostenidamente, de incluir a todos sus habitantes y garantizarles condiciones dignas para el ejercicio de sus derechos y el desarrollo de sus posibilidades.

Los procesos vividos en las últimas décadas mostraron que fue posible combinar el crecimiento económico con mayores niveles de desocupación, pobreza  y exclusión. En este contexto, la educación se vio disminuida en su capacidad igualadora a partir de políticas que desembocaron en un modelo de país que sometió a la pobreza y la exclusión a grandes sectores de la población. La necesidad de proponer una nueva Ley de Educación Nacional está sustentada, en cambio, en la convicción de que la educación como derecho social es uno de los factores claves para desarrollar estrategias que permitan que el progreso del país esté sustentado en un modelo en el cual el objetivo principal del crecimiento económico sea fortalecer la justicia social.

Construir una sociedad más justa en un contexto de globalización y de cambios científicos y tecnológicos acelerados, donde tanto las actividades productivas como el desempeño ciudadano están cada vez más penetrados por el manejo de información y conocimientos, exige volver a definir el papel de la educación en la sociedad. En este contexto, la educación no puede ser considerada como una política “sectorial” sino como la variable clave de la estrategia de desarrollo nacional. Dicho en otras palabras, estamos profundamente convencidos que uno de los desafíos fundamentales para el futuro de la sociedad argentina es el desafío de la educación. 

Sabemos que es en el campo de la educación donde se prefigura el futuro de los países y el bienestar de las futuras generaciones. Sólo una educación de excelente calidad para toda la población permitirá alcanzar los objetivos de justicia social, crecimiento económico y ciudadanía democrática, que guían una estrategia de desarrollo sustentable. Estos tres objetivos son indisociables. No tendremos crecimiento económico sostenido sin justicia social y ciudadanía, como tampoco lograremos justicia social y ciudadanía sin crecimiento económico.

 Los argentinos hemos comenzado a recuperar la idea de un futuro compartido y a reconstruir el imaginario de una nación más integrada y más justa, que recupere y reafirme los valores que fueron erosionados en las últimas décadas: el trabajo como eje principal de la dignidad de las personas, el reconocimiento y el respeto de la diversidad, la importancia de la solidaridad y el esfuerzo de todos, la integración y la participación social y económica crecientes de nuestro pueblo y la inclaudicable lucha por mayor igualdad y justicia social. También los argentinos estamos recuperando la convicción de que el Estado debe constituirse en la garantía de que estos valores alcancen al conjunto de la sociedad sin exclusiones.

No partimos de cero. La educación pública universal y de calidad es uno de los pilares básicos sobre el cual se apoyan las características más nobles de nuestra tradición histórica: un país abierto a todas las culturas, nacionalidades y religiones, con gran capacidad para integrarlas sin discriminaciones; un país con procesos dinámicos de movilidad social e igualdad de oportunidades; un país creativo, capaz de brindar aportes significativos en la cultura, la ciencia y la tecnología. Aún con importantes asignaturas pendientes, la educación argentina jugó un rol protagónico en la construcción de una sociedad integrada durante buena parte del Siglo XX. En tiempos particularmente difíciles, a pesar de las políticas de oscurantismo y persecución impuestas por los gobiernos dictatoriales y del abandono y desatención a la que fue sometida por las estrategias neoliberales, la escuela mantuvo la presencia pública y la voluntad de integración a lo largo y a lo ancho del país

Sobre la base de esta sólida tradición educativa, recogiendo los resultados de los debates que, como en el Congreso Pedagógico Nacional, se han realizado desde la recuperación de la democracia y para reafirmar nuestro derecho a un mejor futuro colectivo, la educación debe volver a ser una prioridad nacional. Para ello es necesario el compromiso del conjunto de la sociedad.

Un gran paso adelante en esa dirección se ha dado con la reciente sanción de la Ley N° 26.075, que asegura la financiación creciente de la educación, la ciencia y la tecnología hasta alcanzar un equivalente al 6% del Producto Bruto Interno en el año 2010. Los gobernadores provinciales, representantes de diversos sectores de la sociedad argentina, y la casi totalidad de los legisladores del H. Congreso de la Nación apoyaron y aprobaron esta iniciativa del Poder Ejecutivo expresando un amplio consenso, pocas veces visto en la historia de la educación argentina. La sanción de la Ley de Financiamiento brinda a la educación, la ciencia y la tecnología, una plataforma previsible de recursos financieros sobre la cual pueden planificarse y sostenerse en el tiempo los cursos de acción necesarios para la profunda transformación de estos sistemas. Otro paso adelante en la dirección de convertir a la educación en una política de Estado y una prioridad nacional ha sido la Ley de Educación Técnico-Profesional, que sienta las bases y provee los recursos para una política destinada a recuperar la cultura del trabajo y a brindar una alta formación técnica para nuestros jóvenes con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico y la industria nacional.

En síntesis, los problemas de fragmentación y desigualdad económico-social y educativa profundizados en la década pasada y comienzos de la presente; el nuevo escenario creado por el proceso de recuperación; la necesidad de dar respuestas a los desafíos que surgen de las transformaciones sociales recientes y la voluntad de colocar a los derechos educativos en el centro de los objetivos de justicia social consensuados por los argentinos, requieren un nuevo marco normativo general.

La nueva ley debe reafirmar muchos de los fines y principios ya acordados a partir de los debates llevados adelante desde la recuperación de la democracia y avanzar hacia nuevos principios orientadores de la educación pública nacional hacia el futuro. Debe establecer prioridades y estrategias para la resolución de los principales problemas del presente; debe permitir reordenar las funciones, responsabilidades y competencias del Estado en sus diferentes niveles; definir las bases para el desempeño de los diferentes actores del proceso educativo en los distintos subsistemas; y debe garantizar las nuevas formas que adquiere el derecho a la educación en la Argentina actual y futura. Necesitamos, en síntesis, una nueva Ley de Educación para la Nación Argentina del siglo XXI, que garantice en forma efectiva el derecho a la educación establecido en la Constitución Nacional para toda su población.

No se trata de colocar “parches o remiendos” sobre la legislación vigente, sino de definir objetivos y metas de mediano y largo plazo, aunque hoy parezcan utopías. Debemos recuperar lo mejor de la tradición y el espíritu de la Ley 1420 que a fines del siglo XIX propuso metas educativas que tuvieron vigencia durante gran parte del siglo XX. Las leyes educativas anticipan el futuro y nos permiten creer que a partir de la educación, otro país es posible.

Con este  objetivo es que el Gobierno Nacional convoca a un debate amplio sobre la nueva Ley de Educación Nacional, cuyo contenido refleje el compromiso de todos por construir una sociedad más justa.